Medios alternativos

Intervención de Leonor Esguerra from Huellas y Memoria on Vimeo.

Por: DhColombia Bogotá D.C., 06 de marzo de 2013 – Mañana a las 2:30 de la tarde en el Tribunal Superior de Bogotá, se anunciara el sentido del fallo en el proceso contra el Juez Primero de División del Ejército, MAURICIO CUJAR GUTIERREZ, juzgado por el delito de Prevaricato por Acción, por haber promovido colisión de competencias en el caso del Ex Coronel Luis Alfonso Plazas Vegas. El Juez CUJAR al proponer la colisión de competencia pretendió favorecer al ex oficial del Ejército Nacional, argumentando que las acciones de Plazas Vega durante la retoma del Palacio de Justicia, fueron conductas realizadas en ejercicio del servicio.

Es la primera vez que se juzga a un Juez Penal Militar por pretender asumir la competencia para juzgar crímenes contra la humanidad, como la desaparición forzada e involuntaria de personas.

Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de este momento es prohibido llorarlos

que se callen los redobles en todos los campanarios

vamos pu pal carajo que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos

ellos no serán bandera para abrazarnos con ella y el que no la pueda alzar que abandone la pelea

no es tiempo de recular no de vivir de leyendas

canta canta compañero que tu voz sea disparo que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado

canta canta compañero canta canta compañero canta canta compañero que no calle tu canción

si te falta bastimento tienes ese corazón que tiene latir de bongo color de vino ancestral

viene tu cuenca de lucha cabalgando un viento austral

canta canta compañero canta canta compañero

canta canta compañero que tu voz sea disparo que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado

canta canta compañero canta canta compañero canta canta compañero que no calle tu canción

si te falta bastimento tienes ese corazón que tiene latir de bongo color de vino ancestral

viene tu cuenca de lucha jineteando un viento austral

canta canta compañero canta canta compañero los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos

canta canta compañero canta canta compañero

canta canta compañero canta canta compañero que no calle tu canción

si te falta bastimento tienes ese corazón

canta canta compañero canta canta compañero

Alí Primera

Ver especial de TELESUR http://www.telesurtv.net/

LUNES 4 DE MARZO en Canal CAPITAL, en el programa HAGAMOS MEMORIA, se presenta el "El Caso Manizales". (Repetición)

Por televisión cable en Telmex-claro canal 2, por Directv canal 143

Hora: 11:00am a 12:00am

http://www.canalcapital.gov.co/vivo.php

[dhColombia, 28 de febrero de 2013] La Procuradora Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Elda Patricia Correa Garcés, rindió concepto dentro del trámite del recurso extraordinario de casación en el proceso contra el Coronel (r) Luís Alfonso Plazas Vega, condenado en dos instancias por su responsabilidad en las desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia, solicitando absolverlo de toda responsabilidad.

Este concepto presentado el 5 de febrero de 2013 es extemporáneo, pues su plazo venció el 20 de septiembre de 2012, violando los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica.

En el escrito la Procuraduría señala que Plazas Vega “no puede permanecer subjudice, a la espera de que en algún momento, 20 años después, se logre esclarecer la suerte de personas, de las que ninguna prueba informa fueron desaparecidas, mucho menos vincula al coronel Plazas con su suerte, así como no está demostrada su desaparición”. Es sumamente grave la política negacionista que impulsan el Gobierno Nacional y los órganos de control, quienes desconocen la rama judicial y sus actuaciones, resquebrajando el Estado de Derecho y los derechos de las víctimas.

La Procuraduría ignora la existencia de sentencias en firme del Consejo de Estado, las cuales declaran la existencia y responsabilidad por las desapariciones forzadas, así como el Informe de la Comisión de la Verdad, preparado por reconocidos juristas.

El concepto de la Procuraduría imprime un grave sello de impunidad a estos Crímenes de Lesa Humanidad y burla abiertamente el derecho internacional, al afirmar: “considera la Delegada que ante la atipicidad del comportamiento, lo que corresponde es absolver al implicado de los cargos que le fueron formulados, en razón a que el hecho delictivo atribuido no estaba tipificado como tal en el momento de ocurrencia de los hechos”. La Procuraduría deliberadamente desconoce el carácter continuado y permanente del crimen, favoreciendo con la impunidad a los victimarios.

Sin que los familiares tengan noticia de lo ocurrido con los desaparecidos, irrespetando sus derechos a la verdad y a saber, afirma que “los hechos ejecutivos que dieron lugar a tal desaparición, fueron ejecutados en 1985, y ya han cesado, así sus efectos continúen”. Aceptar este concepto de la Procuraduría, es obligar a los familiares y a la sociedad colombiana aceptar la Impunidad.

El desprecio por los derechos de las victimas parece no tener límite cuando expresa: "Adicionalmente, la sentencia afecta las garantías fundamentales de las instituciones objeto de condena, bajo el pretexto de la protección de los derechos de las víctimas". La adopción de medidas de satisfacción a favor de las víctimas y la sociedad, como garantía de no repetición de estos crímenes, es considerada por la Procuraduría como una violación de las “garantías fundamentales” de la Fuerza Pública.

Inquieta la coincidencia en la estructura y argumentación que existe en los escritos de Rafael Nieto Loaiza y la Procuraduría General de la Nación, en donde la defensa del Estado y la sociedad, cede ante los propósitos de defender a los militares vinculados judicialmente en los crímenes. Es así con estas defensas individuales, las amenazas a las victimas y sus representantes, a juristas como el doctor Ibáñez Najer, que el silencio de los militares encuentra cómplice en la Procuraduría, y vuelve a quedar en cenizas el poco Estado de Derecho que existe en Colombia.

Ver nota relacionada: * 'Procuraduría también niega desaparecidos del Palacio de Justicia'. Por El Tiempo * "GOBIERNO DESAPARECE A LOS DESAPARECIDOS” POSICION DEL GOBIERNO DE COLOMBIA ES UN NUEVO AGRAVIO. Por Familiares de los desaparecidos

Los Familiares de los Desaparecidos durante la retoma del Palacio de Justicia, consideramos que la contestación de la demanda del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desconoce nuestra dignidad y nuestros derechos como víctimas, además que deja serias dudas sobre la seriedad de la política institucional a favor de las mismas. Esta comunicación del agente del Estado, es una re victimización, irrespeto y agravio en contra de los familiares de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos en Colombia.

Consideramos que es inaudito que existiendo varios fallos judiciales que declaran la existencia de las desapariciones, como los del Consejo de Estado que reconocen y declaran la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas de nuestros familiares, así como las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Bogotá, la Juez Tercera Especializada y la Juez Cincuenta y Cinco Penal del Circuito, que declaran responsabilidades individuales por estos crímenes, así mismo el informe de la Comisión de la Verdad, el actual Gobierno a nombre del Estado argumente que no existen desaparecidos. Este comportamiento desconoce el papel del sistema de justicia y debilita el Estado de Derecho, niega la garantía de no repetición de estos crímenes y resulta poniendo al Gobierno como aliado en la estrategia de defensa de los victimarios.

Es preocupante que se pretenda deslegitimar el papel de altos servidores de la justicia, pretendiendo señalar que los mismos actúan por “unidad de cuerpo”. Ningún favor le hace al país, que el compromiso del Gobierno no sea con la verdad, sino con el desprestigio de las instituciones y el ocultamiento de los hechos.

Como familiares solicitamos al Presidente Juan Manuel Santos, en su calidad de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, públicamente aclare si las manifestaciones del agente del Estado son compartidas plenamente por su gobierno y por qué razón existe un doble discurso en relación con las víctimas.

Bogotá, febrero 20 de 2012

FAMILIARES DE LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz, se ve obligada a dejar nuevas constancias ante la humanidad de los hechos que ponen en evidencia la connivencia entre instituciones cómplices del estado con los paramilitares los cuales, amedrantan, siembran zozobra y terror contra nuestra comunidad y la población civil del entorno. Los últimos hechos son los siguientes:

· El viernes 8 de febrero de 2013, hacia las 20:30 horas se presento un enfrentamiento armado en el casco urbano de San José. Nuevamente la población civil es coloca como escudo humano.

· El domingo 10 de febrero de 2013, hacia las 7:25 horas nuevamente se escucharon disparos y detonaciones de explosivos en los alrededores del casco urbano de San José.

· Los días 11 al 16 de febrero de 2013; según informaciones de campesinos, varios camiones transportaron paramilitares los cuales ingresaron a las bases de Piedras blancas, Zunguito carretera y Nuevo Antioquia, los paramilitares venían procedentes del departamento del Choco, atravesaron por sitios donde constantemente existen retenes militares y de policía sin que estos fueran detectados.

· El jueves 14 de febrero de 2013, hacia las 9:30 horas se presento un combate entre los militares acantonados en la base Militar de San José y la guerrilla de las Farc. Según informaciones de los medios locales, dos militares resultaron heridos. Este mismo día, hacia las 12 y 35 horas, dos helicópteros sobrevolaron el área, mientras uno recogía los heridos el otro ametrallaba la zona dejando caer sobre varias viviendas de civiles las vainillas calibre P50. Varios campesinos han manifestado la preocupación por estos hechos los cuales ponen en riesgo sus vidas. Mientras tanto Soldados del ejército nacional se han acercado a la vivienda de varios campesinos preguntando que si es que no tienen pesar de los niños, lo cual se entiende como una amenaza por parte de la fuerza pública hacia el campesinado.

· El lunes 18 de febrero de 2013, hacia las 10; 30 horas, un grupo de paramilitares fuertemente armados ingresaron a la vivienda de un miembro de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Arenas Bajas, manifestando que van a ir desplazando el campesinado de la zona al igual que a las familias de nuestra Comunidad. Que ya tenían todo coordinado con la fuerza pública. Este mismo día se presento un tiroteo en el filo del sitio conocido como el barro en la vereda mulatos.

· El martes 19 de febrero de 2013, hacia las 3 horas de la madrugada un grupo paramilitar entro a una vivienda ubicada en la vereda la Miramar del corregimiento de San José, allí tumbaron la puerta de la casa a las patadas, destruyeron la bajilla de cocina y dañaron prendas de vestir de la familia. Amenazaron de muerte a la joven adolecente “ROSALBA GONZALEZ” de 14 años, por espacio de una hora y media, a quien le colocaron un cordón y una navaja en la nuca, obligándola a desplazarse de la región, anunciándole que si la volvían a ver por allí, la matarían. Allí, nuevamente profirieron amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, diciendo que; esa HP de Comunidad de Paz era una manada de guerrilleros a quien iban a exterminar y mostraron una lista de personas del corregimiento a quienes tienen para asesinar. Este mismo día el grupo paramilitar se dirigió a la base de piedras blancas, al regreso se llevaron al reconocido campesino de apodo “CHILAPO” a quien torturaron destruyéndolo parte de su nariz con un alicate con el cual lo obligaron a caminar, además de recibir varios garrotazos en la cabeza. Después de las torturas lo obligaron a cavar su propia fosa. Algunos civiles que se enteraron de la intención de asesinarlo intercedieron por el campesino logrando que minutos más tarde los paramilitares lo dejaran en libertad a la altura de la vereda caracolí del corregimiento de piedras blancas del Municipio de Carepa.

· El jueves 21 de febrero de 2013; un grupo de paramilitares hicieron presencia en cabeceras de la vereda la esperanza exactamente en el punto conocido como los Arteaga, procedentes de la base paramilitar de nuevo Antioquia, recorriendo las veredas, playa larga, porvenir y la esperanza, esta ultima donde existe un asentamiento de nuestra Comunidad de Paz.

· El viernes 22 de febrero de 2013; hacia las 10; 30 horas se registraron enfrentamientos al parecer entre tropas del ejército nacional y la guerrilla de las Farc en el corregimiento de los mandarinos, según informaciones de los campesinos dos soldados resultaron muertos.

· El sábado 23 de febrero de 2013, hacia las 10 horas en la vereda la esperanza un grupo paramilitar ingreso a la vivienda del Campesino CRISTOBAL, junto a la familia lo amenazaron y le advirtieron que era mejor que se fuera de la zona que no lo querían ver más por allí. Ese mismo día este mismo grupo paramilitar entro a varias viviendas de la vereda el Porvenir junto a la vereda la esperanza y se llevaron los alimentos de las casas. Entre ese grupo iba el reconocido paramilitar de alias “PANELO”. Este mismo día, a las 20:30 horas un miembro de nuestra Comunidad de Paz, recibió una llamada por parte un sujeto que no se identifico para advertir que estaba planeado una masacre contra la Comunidad de Paz, que el objetivo eran los líderes, que cuidaran a los niños que no los dejaran en la calle. De lo contrario padecerían la misma suerte de ser asesinados.

· El domingo 24 de febrero de 2013; hacia las 15;50 horas un grupo paramilitar llego a la vereda la esperanza a la finca propiedad de nuestra Comunidad de Paz, preguntaron por los líderes de la Comunidad de Paz. La presencia de los paramilitares tanto en la vereda el porvenir como en la vereda la esperanza han colocado en situación de confinamiento a tres familias, dos de ellas de nuestra Comunidad de Paz. A quienes les tiene prohibido salir de sus casas. Según las declaraciones de los mandos militares registraron la zona y niegan la fuerte presencia de los paramilitares allí.

· El lunes 25 de febrero de 2013, hacia las 7 horas una comisión humanitaria de nuestra comunidad de Paz, se desplazo a las veredas del Porvenir y la Esperanza, a recuperar las familias retenidas y amenazadas por los paramilitares, por lo que hacemos responsable al gobierno nacional por lo que allí pueda pasar con la comisión humanitaria de nuestra Comunidad.

Nuestros clamores ante el gobierno han sido en vano, ante estos hechos, se hacen los sordos y los que no ven, eludiendo toda responsabilidad y permitiendo que los paramilitares actúen como criminales del gobierno.

Acudimos a la solidaridad nacional e internacional de aquellas personas y organizaciones que guardan y respetan con toda la voluntad el derecho internacional humanitaria para que instan a las autoridades colombianas a salvaguardar la vida y la integridad de nuestra Comunidad de Paz y de la población de nuestro entorno.

Comunidad de Paz de San José de Apartado

25 de febrero de 2013

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz, se ve obligada a dejar nuevas constancias ante la humanidad de los hechos que ponen en evidencia la connivencia entre instituciones cómplices del estado con los paramilitares los cuales, amedrantan, siembran zozobra y terror contra nuestra comunidad y la población civil del entorno. Los últimos hechos son los siguientes:

El viernes 8 de febrero de 2013, hacia las 20:30 horas se presento un enfrentamiento armado en el casco urbano de San José. Nuevamente la población civil es coloca como escudo humano.

El domingo 10 de febrero de 2013, hacia las 7:25 horas nuevamente se escucharon disparos y detonaciones de explosivos en los alrededores del casco urbano de San José.

Los días 11 al 16 de febrero de 2013; según informaciones de campesinos, varios camiones transportaron paramilitares los cuales ingresaron a las bases de Piedras blancas, Zunguito carretera y Nuevo Antioquia, los paramilitares venían procedentes del departamento del Choco, atravesaron por sitios donde constantemente existen retenes militares y de policía sin que estos fueran detectados.

El jueves 14 de febrero de 2013, hacia las 9:30 horas se presento un combate entre los militares acantonados en la base Militar de San José y la guerrilla de las Farc. Según informaciones de los medios locales, dos militares resultaron heridos. Este mismo día, hacia las 12 y 35 horas, dos helicópteros sobrevolaron el área, mientras uno recogía los heridos el otro ametrallaba la zona dejando caer sobre varias viviendas de civiles las vainillas calibre P50. Varios campesinos han manifestado la preocupación por estos hechos los cuales ponen en riesgo sus vidas. Mientras tanto Soldados del ejército nacional se han acercado a la vivienda de varios campesinos preguntando que si es que no tienen pesar de los niños, lo cual se entiende como una amenaza por parte de la fuerza pública hacia el campesinado.

El lunes 18 de febrero de 2013, hacia las 10; 30 horas, un grupo de paramilitares fuertemente armados ingresaron a la vivienda de un miembro de nuestra Comunidad de Paz en la vereda Arenas Bajas, manifestando que van a ir desplazando el campesinado de la zona al igual que a las familias de nuestra Comunidad. Que ya tenían todo coordinado con la fuerza pública. Este mismo día se presento un tiroteo en el filo del sitio conocido como el barro en la vereda mulatos.

El martes 19 de febrero de 2013, hacia las 3 horas de la madrugada un grupo paramilitar entro a una vivienda ubicada en la vereda la Miramar del corregimiento de San José, allí tumbaron la puerta de la casa a las patadas, destruyeron la bajilla de cocina y dañaron prendas de vestir de la familia. Amenazaron de muerte a la joven adolecente “ROSALBA GONZALEZ” de 14 años, por espacio de una hora y media, a quien le colocaron un cordón y una navaja en la nuca, obligándola a desplazarse de la región, anunciándole que si la volvían a ver por allí, la matarían. Allí, nuevamente profirieron amenazas contra nuestra Comunidad de Paz, diciendo que; esa HP de Comunidad de Paz era una manada de guerrilleros a quien iban a exterminar y mostraron una lista de personas del corregimiento a quienes tienen para asesinar. Este mismo día el grupo paramilitar se dirigió a la base de piedras blancas, al regreso se llevaron al reconocido campesino de apodo “CHILAPO” a quien torturaron destruyéndolo parte de su nariz con un alicate con el cual lo obligaron a caminar, además de recibir varios garrotazos en la cabeza. Después de las torturas lo obligaron a cavar su propia fosa. Algunos civiles que se enteraron de la intención de asesinarlo intercedieron por el campesino logrando que minutos más tarde los paramilitares lo dejaran en libertad a la altura de la vereda caracolí del corregimiento de piedras blancas del Municipio de Carepa.

El jueves 21 de febrero de 2013; un grupo de paramilitares hicieron presencia en cabeceras de la vereda la esperanza exactamente en el punto conocido como los Arteaga, procedentes de la base paramilitar de nuevo Antioquia, recorriendo las veredas, playa larga, porvenir y la esperanza, esta ultima donde existe un asentamiento de nuestra Comunidad de Paz.

El viernes 22 de febrero de 2013; hacia las 10; 30 horas se registraron enfrentamientos al parecer entre tropas del ejército nacional y la guerrilla de las Farc en el corregimiento de los mandarinos, según informaciones de los campesinos dos soldados resultaron muertos.

El sábado 23 de febrero de 2013, hacia las 10 horas en la vereda la esperanza un grupo paramilitar ingreso a la vivienda del Campesino CRISTOBAL, junto a la familia lo amenazaron y le advirtieron que era mejor que se fuera de la zona que no lo querían ver más por allí. Ese mismo día este mismo grupo paramilitar entro a varias viviendas de la vereda el Porvenir junto a la vereda la esperanza y se llevaron los alimentos de las casas. Entre ese grupo iba el reconocido paramilitar de alias “PANELO”. Este mismo día, a las 20:30 horas un miembro de nuestra Comunidad de Paz, recibió una llamada por parte un sujeto que no se identifico para advertir que estaba planeado una masacre contra la Comunidad de Paz, que el objetivo eran los líderes, que cuidaran a los niños que no los dejaran en la calle. De lo contrario padecerían la misma suerte de ser asesinados.

El domingo 24 de febrero de 2013; hacia las 15;50 horas un grupo paramilitar llego a la vereda la esperanza a la finca propiedad de nuestra Comunidad de Paz, preguntaron por los líderes de la Comunidad de Paz. La presencia de los paramilitares tanto en la vereda el porvenir como en la vereda la esperanza han colocado en situación de confinamiento a tres familias, dos de ellas de nuestra Comunidad de Paz. A quienes les tiene prohibido salir de sus casas. Según las declaraciones de los mandos militares registraron la zona y niegan la fuerte presencia de los paramilitares allí.

El lunes 25 de febrero de 2013, hacia las 7 horas una comisión humanitaria de nuestra comunidad de Paz, se desplazo a las veredas del Porvenir y la Esperanza, a recuperar las familias retenidas y amenazadas por los paramilitares, por lo que hacemos responsable al gobierno nacional por lo que allí pueda pasar con la comisión humanitaria de nuestra Comunidad.

Nuestros clamores ante el gobierno han sido en vano, ante estos hechos, se hacen los sordos y los que no ven, eludiendo toda responsabilidad y permitiendo que los paramilitares actúen como criminales del gobierno.

Acudimos a la solidaridad nacional e internacional de aquellas personas y organizaciones que guardan y respetan con toda la voluntad el derecho internacional humanitaria para que instan a las autoridades colombianas a salvaguardar la vida y la integridad de nuestra Comunidad de Paz y de la población de nuestro entorno. Comunidad de Paz de San José de Apartado

25 de febrero de 2013

Los Familiares de los Desaparecidos durante la retoma del Palacio de Justicia, consideramos que la contestación de la demanda del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desconoce nuestra dignidad y nuestros derechos como víctimas, además que deja serias dudas sobre la seriedad de la política institucional a favor de las mismas. Esta comunicación del agente del Estado, es una re victimización, irrespeto y agravio en contra de los familiares de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos en Colombia.

Consideramos que es inaudito que existiendo varios fallos judiciales que declaran la existencia de las desapariciones, como los del Consejo de Estado que reconocen y declaran la responsabilidad del Estado en las desapariciones forzadas de nuestros familiares, así como las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Bogotá, la Juez Tercera Especializada y la Juez Cincuenta y Cinco Penal del Circuito, que declaran responsabilidades individuales por estos crímenes, así mismo el informe de la Comisión de la Verdad, el actual Gobierno a nombre del Estado argumente que no existen desaparecidos. Este comportamiento desconoce el papel del sistema de justicia y debilita el Estado de Derecho, niega la garantía de no repetición de estos crímenes y resulta poniendo al Gobierno como aliado en la estrategia de defensa de los victimarios.

Es preocupante que se pretenda deslegitimar el papel de altos servidores de la justicia, pretendiendo señalar que los mismos actúan por “unidad de cuerpo”. Ningún favor le hace al país, que el compromiso del Gobierno no sea con la verdad, sino con el desprestigio de las instituciones y el ocultamiento de los hechos.

Como familiares solicitamos al Presidente Juan Manuel Santos, en su calidad de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, públicamente aclare si las manifestaciones del agente del Estado son compartidas plenamente por su gobierno y por qué razón existe un doble discurso en relación con las víctimas.

Bogotá, febrero 20 de 2012

FAMILIARES DE LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA

dhColombia [febrero 17 de 2013] - El pasado 15 de febrero de 2013, remitimos un comunicado anunciando la iniciación del juicio en contra del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria Vélez, por el delito de calumnia agravada, en donde intervienen como denunciantes Sintraunicol, Sintraemcali y Sintratelefonos.

Por errores en la precisión de las pruebas a ser practicadas, se incluyo el nombre del Vicepresidente de la República, Angelino Garzón; persona que había sido solicitada como testigo en este mismo proceso por la defensa del señor Francisco Santos Calderón, quien como es de conocimiento publico desde el 20 de febrero de 2012 ya no se encuentra vinculado a este juicio.

En relación con este aspecto señalo el abogado Jorge Molano que “en razón de dicha imprecisión, presentamos esta nota aclaratoria, ofreciendo disculpas al Vicepresidente Angelino Garzón, así como a los medios de comunicación y periodistas por el error ocasionado en las diversas publicaciones efectuadas”

Bogotá, febrero 17 de 2013

Nunca antes habíamos estado tan conscientes de la riesgosa situación en que nos coloca la globalización, como en el tiempo que vivimos los cacaoteros. El capital, su modelo neoliberal y los gobiernos que lo impulsan, han avanzado peligrosamente en el agro para exterminar a los campesinos, sus formas de vida, su cultura, para apropiarse de sus recursos naturales teniendo como único fin la ganancia.

Sin embargo, millones de campesinos en Colombia y especialmente en San Vicente y en todo Santander seguimos dispuestos a sobrevivir. Sabemos que nuestra única alternativa es la resistencia, y sólo en la medida en que estemos organizados y juntemos nuestras protestas en esta región, en el interior del país y con otros campesinos y otros sectores agrícolas y ganaderos que enfrentan los mismos problemas, podremos avanzar hacia la defensa de un ingreso remunerativo por la venta de nuestros productos, de la tierra, el agua, los recursos naturales, los bosques, las semillas.

Una lucha de especial relevancia y que tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa es la defensa del cacao, de los riesgos que representa la creciente importación masiva de cacao y todos sus subproductos, el permisivo contrabando, la utilización de la cocoa, así como la utilización de clones foráneos, que puede llevar a la desaparición de variedades criollas de cacao que hemos producido durante cientos de años. Pero sobre todo, esta lucha se relaciona directamente con el derecho que tenemos los campesinos a producir los alimentos que se consumen en el país y a obtener un precio justo y remunerativo por la venta de los mismos.

Como ningún otro cultivo, el cacao tiene un significado particular para los Chucureños y Santandereanos. Alimento básico, es esencia y parte fundamental en la vida de muchísimas comunidades campesinas colombianas. Por eso decimos que la defensa del cacao es prioritaria toda VEZ QUE ES UN CULTIVO DE PAZ.

Desde hace varios años, miles de toneladas de CACAO y todos sus subproductos, son traídos de Estados Unidos, Ecuador, China y de otras partes del mundo, inundan nuestro país, desplazando el cacao nuestro que producen los campesinos colombianos, lo cual no sólo rompe con una forma de vida, sino que los empobrece de manera extrema ante una competencia desleal por la baja des mesurable de los precios internos.

Nuestros gobiernos, arrimados solamente a las supuestas bondades del libre comercio, nunca han reparado en los miles de campesinos dedicados al cultivo del cacao, ni en las relaciones sociales y culturales que hay alrededor de esta planta, en el conocimiento acumulado, en los miles de empleos que genera, en su historia; ni en los miles que han abandonado el campo para irse, paradójicamente, a las ciudades y a otros países a trabajar el agro con bajísimos salarios; tampoco han tenido la mínima intención de apoyar la producción local de alimentos y la protección de los productores que permita avanzar hacia la soberanía alimentaria del país, ni mucho menos atender esta crisis que a provocado una vergonzosa pobreza en el campo.

Con las masivas importaciones de cacao, la industria nacional ha llenado sus bodegas y por consiguiente los precios pagados a los campesinos chucureños se han desplomado y el mercado nacional se ha visto inundado de cacao barato fuertemente subsidiado. Esta crisis del cacao se remonta, sin embargo, a antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América, ya que el problema comenzó con la pobre gestión y el menguado paquete tecnológico ofrecido por Fedecacao, complementado por parte del gobierno colombiano con las exiguas políticas que ofrece al campo para garantizar algún apoyo al sector agropecuario.

La firma de los Tratados de Libre Comercio y todas las demás acciones denominadas globalización del comercio y las economías simplemente aceleró la eliminación de aranceles, cuotas y apoyos directos. En menos de 3 años, de 2010, 2011 y 2012, las importaciones de cacao en Colombia provenientes de Estados Unidos, ecuador, China casi se triplicaron, pasando de 38 millones de dólares anuales a cerca de 90 millones de dólares.

La trampa del libre comercio son los precios bajos supuestamente resultado de la competencia económica, las excesivas importaciones baratas, el contrabando permisivo por el estado, pero nada más lejos de la realidad. Lo que mantiene el precio del CACAO en niveles tan bajos es la política agrícola de Estados Unidos, cuya expresión más reciente es la Ley Agrícola 2002, la cual otorga un apoyo en subsidios significativo a los productores agrícolas de ese país del norte.

Los gobiernos colombianos, no sólo el de la actual administración del presidente Santos, sino todos los anteriores desde la década de los 80, han aplicado puntualmente el modelo neoliberal que les han dictado los bancos multilaterales y el gobierno de Estado Unidos. Para ellos, no existen las voces de descontento y de clamor de los campesinos ni de otros sectores que han resultado empobrecidos con la firma de los tratados de libre comercio, sólo existe el propósito de mantener “finanzas sanas”. Y recitar airadamente que el país está creciendo porque el componente minero energético está avanzando a costa de la desindustrialización del páis y a la disminución del sector agrícola.

El seguir el modelo de libre mercado a “rajatabla”, ha significado incluso violar nuestras propias leyes, como la Ley de Desarrollo Rural, las disposiciones sobre protección a la producción nacional, en donde se considera producto básico y estratégico al cacao, pero que en los hechos reales no se apoya la producción nacional dando preferencia a las importaciones de otros países.

De lo que sí tenemos conocimiento, es que la contaminación y los problemas de salud generados por la utilización de la Cocoa, ya están en nuestras regiones, ya es una realidad, y eso nos coloca en una situación muy vulnerable. Estamos en la antesala de la desaparición de más de 200 años de historia de este cultivo y de la destrucción de culturas que se han construido alrededor del cacao, y sólo para el beneficio de las grandes empresas transnacionales, que no sólo obtendrán ganancias económicas, sino impondrán una nueva cultura sustentada en el consumo, el individualismo y el monetarismo.

Para comprender mejor, es importante entender el panorama mundial del cacao, aproximadamente, el 90% de la producción mundial es cultivado por pequeños propietarios poco organizados y con infraestructuras precarias, que recurren a intermediarios para vender sus cosechas. Además, el mercado es muy concentrado con pocos compradores (traders), que venden el cacao en grano a una industria de transformación igualmente concentrada. Solamente 4 traders acaparan más del 50% del mercado mundial, los cuales son Archer Daniels Midland, Cargill, Barry Callebaut y Nestlé. Mientras la manufactura se concentra en seis corporaciones de Europa y de Estados Unidos que acumulan aproximadamente 80% del mercado de la manufactura. Asimismo las ventas para consumo final se concentra en: Mars, Nestlé, Cadbury Schweppes, Hershey, Ferrero y Kraft (Altria). Y algo muy similar ocurre en Colombia donde 2 compañías controlan la comercialización y la transformación de cerca del 90% de la producción nacional cacaotera.

La resistencia Frente a toda esta ofensiva neoliberal y de riesgo por la desaparición del cultivo del cacao, las reacciones campesinas se expresan de diferentes maneras. Ante la imposición de políticas gubernamentales para avanzar con la locomotora minera y por otra parte, desmantelar el esquema de apoyos y subsidios al cultivo del cacao en Colombia, y de importar grandes cantidades de cacao de Ecuador, Perú, Estados Unidos y la china, la respuesta de los campesinos chucureños es seguir produciendo cacao, como una forma de resistencia silenciosa que los tecnócratas no acaban de comprender. Si los precios del cacao se redujeron drásticamente en el mercado interno, se preguntan los seguidores del neoliberalismo, cómo es que los campesinos no dejan de sembrarlo?. Tal vez para ellos sea demasiado complejo comprender lo que este cultivo significa para los chucureños, Pero en un plano de acciones organizadas, también los pueblos, las comunidades y las organizaciones campesinas, al igual que las organizaciones de la sociedad civil, el ciudadano del común, comenzaron a emprender acciones: en principio de información y análisis, concentraciones de productores, marchas y cartas de protesta, foros diversos y muchos talleres regionales y nacionales. Han sido numerosos los foros que se han organizado y ahí hemos convergido no sólo campesinos, sino también investigadores, políticos y académicos, organizaciones no gubernamentales, y muchas otras personas preocupadas por esta problemática, tanto de San Vicente como de otras regiones del país, terminando en importantes debates, como fue el que se llevó a cabo en la Asamblea de Santander, en la Cámara de representantes y en el Senado de la República.

En esos espacios hemos discutido y analizado las diferentes perspectivas del problema, hemos construido propuestas de acción y especialmente han servido estos foros como plataforma para difundir entre los chucureños un problema que tarde o temprano, si no hacemos algo, afectará a todos.

Construir espacios campesinos para el debate, la propuesta y la confrontación de ideas y opinión de nuestra visión de desarrollo y sostenibilidad del cacao es una tarea que nos hemos dado como necesidad para lograr la representación que amerita nuestro proceso de organización y lucha campesina en el transcurso de los años.

La mesa Nacional Cacaotera, de la mano con el movimiento campesino ha reaccionado a esta tendencia neoliberal de diferentes maneras, con movilizaciones, con propuestas, exigiendo que el campo sea una prioridad nacional en la política económica. A partir de que conocimos en diciembre de 2011 que existía evidencia de la disminución drástica del precio interno del cacao en los departamentos de Santander, Tolima, Huila, Arauca, Los Llanos, la defensa del cacao ha estado presente como una demanda prioritaria en las movilizaciones campesinas más importantes de los últimos años. El Campo No Aguanta Más, entre sus propuestas para salvar al campo colombiano, exigió el freno a la competencia desleal de las importaciones agropecuarias derivada de la entrada en vigor de estos tratados.

Este año 2012 será un año crucial para el campo colombiano. No se vislumbra para este año un buen escenario, Creemos que sólo la movilización campesina podrá revertir un buen precio para el cacao así mismo generando una resistencia de no vender la cosecha por unos días mostramos nuestro inconformismo por el precio injusto que nos están reconociendo por el cacao, Pero debe ser una resistencia campesina seria y responsable que evada las triquiñuelas del gobierno, la industria y que no vuelva a caer en el juego de Acuerdos propuestos por el Ministerio en los que se comprometió en torno al establecimiento de un precio mínimo de garantía, y que a la fecha no se han cumplido. Los cacaocultores con esperanza de paz, toman esta determinación como una forma de lucha, reconociendo que esta resistencia de no vender el grano de cacao al irrisorio precio que ofrece la industria, demanda mucho sacrificio, por que tiene que ver con la resistencia al hambre, a la enfermedad, al sufrimiento y a la desesperanza, pero todo este trabajo lo hacen con proyección hacia el futuro.

VER TODOS LOS DOCUMENTOS

COMUNICADO MESA NACIONAL CACAOTERA 25 (1).docx porque hacemos paro los cacaoteros.docx razones que justifican el paro nacional agrario.docx TAREAS Y RECOMEDACIONES PARO NACIONAL.docx

El proyecto de ley de tierras y desarrollo rural del Gobierno Nacional ha sufrido importantes modificaciones, algunas que de aprobarse y ponerse en práctica con voluntad política y el presupuesto adecuado, permitirían tomar medidas de reforma agraria, pero, otras en cambio, permitirían abiertamente legalizar despojos, a la vez que otras, son lesivas para los pueblos indígenas y en especial para aquellos cuyos territorios son reservas indígenas en todo o en parte y para los horticultores itinerantes, nómadas y seminómadas.

El proyecto insiste en dar validez a escrituras fabricadas y en los procesos extraordinarios para formalizar escrituras de propiedad, que podrían prestarse a diferentes caminos para legalizar falsas propiedades y despojos de tierras. Insiste también en la figura del “derecho de superficie” que podría servir para que los desplazados cedan por décadas sus tierras y las mismas puedan comerciarse en el mercado financiero. Insiste además, en una redelimitación de todas las reservas forestales del país.

Todos estos asuntos pueden ser vistos según contribuyan a disponer para la agricultura las tierras aptas para ser cultivadas, más de 17 millones de hectáreas que están siendo desperdiciadas, especialmente por los grandes propietarios, o profundicen el modelo existente, que pretende que el área sembrada y especial la empresa agropecuaria, crezcan a costa de las tierras de los campesinos, indígenas y afro y de la destrucción de los bosques.

Escrituras fabricadas

Un asunto central es el tratado por el numeral 2 del artículo 152 del proyecto de ley, según el cual “acredita propiedad privada sobre las tierras rurales… todo negocio jurídico celebrado entre particulares y elevado a escritura pública con anterioridad a la vigencia de esta ley, soportado en tradiciones del dominio de veinte (20) o más años”. Esto significa que todas las escrituras fabricadas supuestamente antes de 1992, servirán de “prueba” de propiedad. Miles de desplazados y de despojados serán tratados como si hubieran sido invasores de tierras cuya propiedad fue fabricada por sus supuestos dueños.

La lucha campesina e indígena enfrentó múltiples veces escrituras fabricadas por notarios venales y que servían para despojar a los campesinos poseedores, a los resguardos indígenas coloniales y a los territorios indígenas aun no reconocidos. Desde entonces la lucha se orientó hacia el reconocimiento único de las escrituras otorgadas por el Estado y el desconocimiento de documentos fabricados en las notarías o en cualquier otro lugar. Este punto resume un siglo de movilización, legislación y jurisprudencia sobre la propiedad de la tierra.

El artículo 44 del Código Fiscal, ley 110 de 1912, estableció que se presume baldío bajo el dominio de la Nación todo predio del cual un particular no demuestre dominio mediante un título originario del Estado. La Corte Suprema de Justicia dictaminó lo mismo en dos sentencias memorables, una de 1926 y otra de 1934. Entonces, si el terreno se presume baldío ningún campesino poseedor ni mucho menos una comunidad indígena que habita inmemorialmente su territorio, puede ser lanzado por un presunto propietario que solamente exhiba escrituras fabricadas en una notaría.

La ley 200 de 1936 fijó sin embargo, el 19 de febrero de 1917 como fecha límite para el debido registro de títulos no originarios del Estado, como prueba de propiedad.

La ley 1152 de 2007, mientras estuvo vigente, operó un cambio totalmente regresivo en cuanto al establecimiento de la propiedad, con la derogatoria de la ley 200 de 1936, a la vez que declaró válidas las escrituras fabricadas, registradas hasta 1997. Esto concordaba con lo dispuesto en la ley 791 de 2002 que redujo el término de prescripción, y fue completado con la legalización de la falsa tradición por la ley 1182 de 2008.

Ahora, el artículo 152 de la última versión conocida del proyecto de ley elimina el importante concepto de “título originario del Estado” y todo lo convierte en actos administrativos o negocios jurídicos, equiparando las decisiones estatales sobre los baldíos con los negocios entre particulares sobre tierras que no son de ellos.

Fija la fecha de 1992, como límite para la validez de las escrituras fabricadas, pero debido a un malabarismo de redacción, ni siquiera exige que las escrituras hayan sido registradas ese año, porque las tradiciones no deben “constar” (en el registro) sino que las compraventas “sustentan” las escrituras o mejor dicho las autosustentan y el registro puede interpretarse como posterior a las transferencias de propiedad, con lo cual se multiplican las opciones fraude. Ni el estatuto rural se atrevió a tanto, ni siquiera la ley 1182 de 2008 llegó a tanto porque aunque exige un lapso mucho menor, 5 años y no 20 años, exige un proceso judicial en el cual eventualmente un desplazado despojado podría defender sus derechos, si es que acaso puede llegar al municipio. En la redacción actual del proyecto oficial unos negocios entre particulares después de 20 años generan automáticamente reconocimiento de propiedad, sin que quede claro siquiera cómo probar cuándo fueron hechos. Así, esta propuesta de artículo se sigue hasta el fondo la línea de formalizar las propiedades malhabidas.

De ser aprobado este artículo, además de ser fatal para los desplazados despojados puede afectar resguardos indígenas y territorios colectivos afro, con la aparición de múltiples "negocios entre particulares elevados a escritura pública" dentro de sus territorios. Pueden aparecer escrituras fabricadas, que en este momento la ley no reconoce, elaboradas antes o supuestamente antes de constituirse los territorios colectivos o los resguardos por Incora o Incoder. Es poner una trampa terrible, tan grande, que el resto de la nueva ley no alcanzaría para frenar una ola legalización de despojos de notaría.

Reforma Agraria

En la versión inicial del proyecto del Gobierno se mantenía como único programa de acceso de los campesinos a la tierra el fracaso mercado subsidiado de tierras, durante cuya existencia el país vio acrecentarse la cantidad de tierra en manos de los grandes propietarios mientras que una extremadamente pequeña cantidad de campesinos recibían subsidio para comprar tierra, sin poder acceder a las de calidad. Ahora comienzan a abrirse paso las propuestas para que la extinción de dominio pueda aplicarse no solamente a los predios incultos sino a que no son usados de acuerdo con la calidad del suelo y además el procedimiento de expropiación por vía administrativa e indemnización, cuando los propietarios no accedan a negociar un predio requerido para reforma agraria.

Las normas que permitirán adquirir tierras para reforma agraria, tanto mediante negociación directa como mediante la expropiación por vía administrativa pueden permitir aprovechar tierras desperdiciadas. La expropiación administrativa que hoy la ley colombiana autoriza para varios fines, estuvo ya vigente por el decreto 1185 de 1984, como posibilidad para que la corporación Nasa Kiwe adquiriera tierra, sin que nadie fuera expropiado, pero dándole a la corporación un instrumento para asegurase de comprar las tierras que requería a precios adecuados.

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)

Las primeras versiones del proyecto gubernamental querían limitar las reservas campesinas a las zonas donde predominan los baldíos y zonas de colonización como intentaron hacerlo las leyes 508 de 1999 y 1152 de 2007, declaradas inconstitucionales. Una versión posterior llegó a proponer eliminar las reservas campesinas, pero luego se ha abierto el paso a la idea de constituir reservas campesinas también dentro de la “frontera agrícola”.

La posibilidad de constituir reservas campesinas en las áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación, adquisición, redistribución y ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios y terrenos rurales, que ya está contemplada en las normas vigentes, pero es muy importante que la nueva ley recoja en su texto el decreto 1777 de 1997. Las reservas campesinas no son meros instrumentos para zonas marginales o de graves conflictos, son una alternativa de desarrollo campesino.

Diversidad étnica y cultural

Un tema que va y viene es el del respeto a la diversidad étnica y cultural. La primera versión del Gobierno era abiertamente anti indígena, copiando las normas más lesivas contra los pueblos indígenas de esa ley como las relativas a la región del Pacífico y eliminando la protección especial vigente para los territorios de los pueblos nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes. Luego, los debates preparatorios de la consulta previa sirvieron para que sucesivas versiones pasaran a reconocer los derechos indígenas y afro y a entender, además, que las prioridades de desarrollo no pueden ser impuestas a los grupos étnicos y que ellos tienen derecho a fijar las suyas y a establecer planes de vida propios en sus territorios.

Pero, el Gobierno retrocede nueva y gravemente en este terreno. Todavía hay quienes no entienden la autonomía de los territorios indígenas, las facultades de las autoridades propias de los indígenas y la jurisdicción indígena.

Hay quienes aun creen que “todas las normas vigentes en el resto de Colombia rigen en los resguardos”, cuando desde la Constitución de 1991 en los territorios indígenas rigen normas y procedimientos propios (artículo 246) y las autoridades indígenas tiene competencias autónomas, como por ejemplo, “velar por la preservación de los recursos naturales”. Las normas indígenas se aplican, en armonía con la Constitución y con normas nacionales, pero son diferentes, porque la Constitución optó por defender y proteger la diversidad.

La nueva versión desconoce la jurisdicción indígena y las facultades ambientales de las autoridades indígenas y en vez de determinar que los usos, costumbres, normas y cultura se aplicarán en armonía con las normas nacionales, como estaba en la versión del 29 de septiembre, reintroduce el criterio según el cual el uso y explotación de los resguardos y territorios colectivos “deberá adelantarse con arreglo a las normas sobre uso y manejo establecidas por el Consejo Nacional de Tierras”.

Reservas indígenas

Ahora hay quienes quieren eliminar la norma de la ley 160 que declara que las reservas indígenas son tierras de los grupos étnicos y por tanto inalienables, así como la que protege a los territorios de los pueblos indígenas nómadas y horticultores itinerantes.

Anteriormente, se constituían reservas indígenas que eran formalmente propiedad de la Nación y que a partir de 1961 fueron constituidas por el Incora. De hecho el Incora variaba los límites de las reservas a su gusto y paulatinamente iba reduciendo la extensión original.

El movimiento indígena exigió que las reservas indígenas fueran convertidas en resguardos, de propiedad de las comunidades, que no pudieran ser recortados a gusto del Gobierno de turno y de las presiones sobre él. A partir de la ley 30 de 1988 el Incora solamente constituyó resguardos, pero las reservas indígenas ya constituidas quedaron vigentes, aunque sujetas a modificación de su extensión. Las reservas eran convertidas en resguardos con una extensión menor y el faltante era poco a poco titulado a personas no indígenas.

La Constitución de 1991 determinó que las tierras comunales de los grupos étnicos son inalienables y la ley 160 de 1994, definió que por tanto las reservas indígenas son inalienables y es precisamente esto lo que el proyecto de ley en su versión actual quiere borrar. Eliminar esa norma, actualmente vigente, según el parágrafo 5 del artículo 85 de la ley 160 de 1994, tendría efectos muy concretos y precisos contra determinados pueblos indígenas, como los Kofán del Putumayo o los Sikuani del Meta.

Las reservas indígenas kofán constituidas en 1973 y 1976 en Valle del Guamuez, Puerto Asís y San Miguel, suman 28.012 hectáreas, de las cuales sólo 5.671 fueron reconocidas como resguardo el 13 de mayo de 1998. Las reservas no pudieron ser disueltas como era la práctica estatal anterior, dadas las normas de 1991 y 1994, que ahora se quiere eliminar. Sobre las 22.341 hectáreas restantes el Incoder tiene que cumplir el compromiso del Incora de actualizar los estudios socio-económicos sobre el área no-constituida para dar inicio a un proceso de saneamiento a largo plazo. De eliminarse la disposición legal vigente, se abriría la posibilidad de incumplimiento de este compromiso y el territorio kofán sería amputado para siempre.

Horticultores itinerantes y cazadores recolectores nómadas

La nueva versión suprime el artículo de la de septiembre, que contenía las normas vigentes de los parágrafos 5 y 6 del artículo 85 de la ley 160 de 1994:

“Los territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura que se hallaren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de esta ley sólo podrán destinarse a la constitución de resguardos indígenas.” En cuanto a los horticultores itinerantes y los cazadores recolectores, es especialmente importante preservar el artículo vigente, porque como, según el proyecto de ley, se van a desmontar las reservas forestales, aparecen varias maneras de desconocer su territorio.

En el artículo 200 hay una norma que prohibiría adjudicar estas tierras solamente "donde se encuentren asentadas tradicionalmente comunidades étnicas, de acuerdo con certificación expedida por el Ministerio del Interior", es decir, por una parte habla de "asentamientos", es decir de comunidades sedentarias, lo cual excluye las comunidades nómadas o itinerantes, por otra parte no se refiere a que estos territorios se dediquen exclusivamente a constituir resguardos.

Introduce sí la nueva versión, el artículo 221 sobre pueblos aislados, en el cual se dice que "tendrán derecho a un territorio en el cual no se permitirá la entrada de extraños... estos territorios adoptarán la figura de Reservas Territoriales Especiales del Estado – Resguardos Indígenas" que es una fórmula ambigua, porque si se constituye una reserva, puede ser levantada y lo correcto sería el reconocimiento específico de la propiedad de ese territorio como RESGUARDO en todo el territorio usado por ellos o que constituye su hábitat.

Si bien es cierto que alguno o algunos de estos indígenas podrían estar en resguardos ya constituidos para otros pueblos, un caso comprobado es el de los Yuri o Caraballos del río Puré (Amazonas), para quienes es necesario constituir un resguardo. Si ellos están voluntariamente aislados, el Estado al reconocerlos como propietarios colectivos reconoce su derecho a permanecer aislados. Es además grave, pero que se cree una "reserva" sin propiedad si se elimina el artículo que considera las reservas inalienables. Debe exigirse que se reconozca siempre un resguardo en todo el territorio usado por ellos o que constituya su hábitat.

Resguardos coloniales

El artículo sobre resguardos coloniales, debería dejar claro que se presumen vigentes todos los que tengan títulos originarios de la corona española debidamente registrados y que la reestructuración se aplica a los resguardos que están en el caso del artículo 12 de la ley 89 de 1890: “En caso de haber perdido una parcialidad sus títulos por caso fortuito o por maquinaciones dolosas y especulativas de algunas personas, comprobará su derecho sobre el resguardo por el hecho de la posesión judicial o no disputada por el término de treinta años, en caso que no se cuente con esa solemnidad, y de acuerdo con lo dispuesto en el Código civil. Este último requisito de la posesión pacífica se acredita por el testimonio durado de cinco testigos de notorio abono, examinados por citación del Fiscal del circuito, los que expresarán lo que les conste o hayan oído decir a sus predecesores sobre la posesión y linderos del resguardo."

Reservas forestales

Un punto muy difícil es el referente al realinderamiento general de las reservas forestales que propone el Gobierno. ¿Qué va a resultar de esto en medio de la aplanadora minera y la especulación internacional del capital financiero con la tierra?, ¿no es repetir una historia triste, levantar sin ton ni son reservas forestales para que el latifundio expanda y el colono siga avanzando sobre la selva porque no tiene alternativa en la frontera agrícola, mientras 17 millones de hectáreas de suelos agrícolas son desperdiciadas?

Minería

El Ministerio de Agricultura ha hecho eco a las denuncias de la sociedad sobre la aplanadora minera y sus efectos destructivos en los ecosistemas y las tierras agropecuarias. Pero, como con el TLC, los efectos prácticos no se ven porque la expansión de la minería y los TLC son políticas centrales del Gobierno actual.

El proyecto de ley propone un Consejo de Tierras que regule el uso del suelo. Pero hay dos problemas, por una parte no propone participación de las comunidades rurales y organizaciones campesinas, indígenas y afro en ese Consejo, por otra parte, si se decide que un territorio es minero, la rentabilidad actual de la minería hará que sea explotada inmediatamente, pero si se decide que la tierra es agrícola a o pecuaria el impacto de los TLC será una barrera gigante para la rentabilidad agropecuaria y solamente los programas que permitan apoyar la producción y reducir del precio o arrendamientos de la tierra, podrá realmente aumentar el uso agropecuario de la zona.

La entrada en vigencia del TLC, será desde luego una limitación grave para el éxito del sector agropecuario y generará una presión mayor para la explotación de los recursos naturales de cada uno de los territorios.

El debate

Las sucesivas sentencias de la Corte Constitucional que declararon inconstitucionales el Estatuto rural, la ley forestal y la ley de reforestación comercial por no haberse sido consultadas previamente a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, ha impuesto la consulta del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural antes de su presentación al Congreso de la República.

Como resultado, se desató un interesante proceso. Una vez que el Gobierno anunció las bases de su proyecto y concertó el procedimiento y eventos de consulta, ha producido varias versiones de su proyecto, que comenzaron a cambiar reflejando las críticas de los líderes indígenas y que en la última fase han cambiado para tratar de adecuarse tanto a las críticas de académicos e investigadores como a las expresadas abiertamente por el campesinado. Sin embargo, el intento de legalizar el despojo sigue presente.

Las organizaciones campesinas de la Mesa de Unidad Agraria elaboraron un proyecto alterno, bien diferente al inicial del Gobierno y solicitaron que fuera también incluido en la consulta de indígenas y afro. Este proyecto a partir de su primera distribución también ha tenido algunos cambios, el más importante, la inclusión de un capítulo específico sobre normas de género que garantizan los derechos de la mujer rural.

Todo esto es algo diferente a los que estábamos acostumbrados, cuando en la mayoría de los debates sobre los proyectos de ley, el Gobierno y los congresistas se limitan a aplicar su dominio en las votaciones parlamentarias y la cantidad de críticas y propuestas de miles de personas y de organizaciones altamente representativas, se las lleva el viento o quedan archivadas indefinidamente en anaqueles, mientras se impone el pupitrazo a la hora de aprobar las nuevas leyes. Así fue en los debates del Estatuto rural, en los cuales además a última hora el Gobierno de entonces sacó del sombrero normas contra los indígenas que fueron aprobadas en el cuarto de hora final de la última votación.

La consulta previa ha resultado ser no solamente el ejerció de un derecho de indígenas y afro, sino de los sectores sociales hasta ahora marginados de las decisiones como son los campesinos y los académicos. Al mismo tiempo, el ejercicio de la consulta muestra como se insiste en echar atrás las normas que protegen a los pueblos indígenas, desconocer sus territorios declarados reservas o resguardos coloniales y pasar nuevamente por alto la territorialidad de los horticultores itinerantes y de los cazadores recolectores nómadas.

En medio del ir y venir de las versiones de proyecto de ley, en que se van y llegan a artículos decisivos para la suerte de 11 millones de personas que viven en el campo, de la tierra y los territorios, de los alimentos para todos los colombianos.

Bastó el “testimonio” de una sola persona para que el viacrucis de toda una comunidad: 15 años de amenazas, expoliaciones y desplazamientos, fuera puesto en tela de juicio, junto con la integridad de ONG locales y extranjeras, incluidas suizas.

Advierte SUIPPCOL que “la acusación ha puesto en alto riesgo la seguridad de las 130 familias de la comunidad de Las Pavas, ya de por sí extremadamente vulnerables”, y solicita investigar y aclarar las inculpaciones.

El Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL) urge medidas prontas y eficaces que garanticen seguridad y protección a la comunidad del norteño departamento de Bolívar.

Ese mecanismo del Gobierno de Suiza y once ONG helvéticas en apoyo de iniciativas de paz de la sociedad civil colombiana, advierte que se está creando “un clima de estigmatización y deslegitimación de las víctimas” y solicita a la Fiscal General de la Nación, investigar la actuación de la fiscal seccional de Cartagena .

Pide también “la aclaración de las inculpaciones que en la misma providencia se pretende hacer contra las organizaciones acompañantes, nacionales e internacionales, entre ellas el consorcio SUIPPCOL y tres de nuestras ONG filiales (ASK, Swissaid, Peace Watch Switzerland)”.

Las acusaciones

El pronunciamiento de SUIPPCOL tiene lugar poco después de que la fiscal tercera especializada de Cartagena, Myriam Martínez Palomino, determinara (y recibiera el apoyo de la fiscalía general del país) que “no hubo desplazamiento de las familias de Las Pavas”. Dicho de otra manera, que las denuncias – hechas incluso en Berna- de la gente de Las Pavas, son falsas.

Pero una acusación semejante no significa solamente que la entereza de las familias de labriegos y las entidades que los han apoyado sea puesta en entredicho, sino que pone en riesgo la atribución de las tierras por las que han luchado desde hace muchos años y de las que no podrían ser expulsados mientras dure el proceso pertinente, según el fallo de la Corte Constitucional del pasado mes de mayo, que con la acusación quedó congelado.

El informe de Martínez Palomino, divulgado el pasado 30.11, reduce a “desalojo” policial la historia de una comunidad que ha sufrido toda suerte de agresiones por parte de paramilitares, narcotraficantes y trasnacionales. (Ver: más sobre el tema) Y, como si fuera poco, ahora pretenden imponerle el descrédito y la amenazan:

“Se investigará por conducta punible de fraude procesal a todos los directivos de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires y demás ONG nacionales y extranjeras que le exigían al Estado colombiano”.

La palabra de un “convertido”

Y todo ello, a partir de la declaración de Pedro Moreno, miembro fundador de la Asociación Campesina de Buenos Aires (ASOCAB), a la que pertenecen Las Pavas, quien, convertido al cristianismo “no resistía el temor y la mentira” y aseguró que no existieron ni asentamiento ni desplazamiento.

SUIPPCOL, en su labor de apoyo a la sociedad civil colombiana, acompaña desde hace 10 años a la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, que reúne a 30 procesos locales y regionales, entre los cuales ASOCAB.

En un comunicado con fecha 6.12, la entidad suiza expresa su preocupación por las acusaciones. Destaca que el pronunciamiento de la fiscal forma parte de un proceso jurídico por el desplazamiento forzado y despojo de 130 familias que conforman la comunidad de las Pavas, y como tal, tenía un carácter confidencial.

“No obstante, su filtración irregular a los medios de comunicación de inmediato se convirtió en una acusación contra la comunidad y sus acompañantes de fraude contra el Estado y falsas víctimas; y del delito de rebelión a algunos de los líderes campesinos”.

Señala que esa acusación mediática, que rápidamente generó una serie de pronunciamientos, incluso del presidente Juan Manuel Santos, “ha puesto en alto riesgo la seguridad de las 130 familias de la comunidad de las Pavas, ya de por sí extremadamente vulnerables”.

Victimizar aún más a las víctimas

El texto de SUIPPCOL subraya igualmente que “la inmediata relación, nuevamente mediática, con el caso de Mapiripán (en el que se arguye que se incrementó el número de víctimas de una masacre) , está creando un clima de estigmatización y deslegitimación de las víctimas justamente cuando estamos a pocas semanas de que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras entre en vigencia”.

Al respecto, y en declaraciones a la publicación colombiana Semana.com, el historiador e investigador Alfredo Molano, alertó sobre la posibilidad de que este asunto se pueda convertir en “una doctrina para descalificar las masacres, los desplazamientos y, finalmente la Ley de Víctimas”.

En su comunicado, SUIPPCOL solicita también “eficacia y prontitud” en la aplicación de la justicia, incluidos los procesos administrativos que, por extinción de dominio y clarificación de la tradición de la propiedad de los predios donde está la comunidad, adelanta el Ministerio de Agricultura.

Lo anterior, en cumplimiento de la ley agraria y en seguimiento de las instrucciones impartidas por la Corte Constitucional, en relación con la comunidad de Las Pavas.

La entidad suiza solicita igualmente “garantías a las víctimas que legítimamente aspiren a la restitución de sus tierras en aplicación de la ley que se convierte en una oportunidad de abrir caminos de paz y posibilidad de reconciliación , luego de tantos años de violencia”.

Así lo expresó el director del samanario comunista "Voz", mediante un comunicado conocido el día de hoy. El texto completo del comunicado es el siguiente:

"Según los cálculos que hacemos, hacia finales de enero podrían estar despejado el camino para la liberación de seis miembros de la fuerza Pública, según el anuncio del Secretariado de las FARC, el pasado 6 de diciembre, de mantener la palabra empeñada por el comandante Alfonso Cano, a pesar del operativo militar de rescate que dejó el resultado de cuatro uniformados muertos de los que iban a ser entregados a la misión humanitaria.

El anuncio del Secretariado se hizo en la carta que le dirigió a Piedad Córdoba en representación de “Colombianos y Colombianas por la Paz” (CCP) y a un grupo de personalidades femeninas que así se lo había solicitado. Son seis los integrantes de la Fuerza Pública que serán entregados. En los próximos días, seguramente, las FARC darán a conocer los nombres de los seis miembros de la Fuerza Pública y los demás asuntos logísticos de la entrega. El Gobierno debe dar las condiciones de seguridad y desistir de cualquier intento de rescate militar que pueda obstaculizar el acto humanitario.

Esta decisión contribuye a crear una mejor atmósfera en el país, favorable a la paz y a la solución política del conflicto. Sin exagerado optimismo, aunque en la idea que actos humanitarios que involucren la libertad de todas las personas en injusto cautiverio y las mejores condiciones y el respeto a los derechos humanos a los presos políticos, generan las condiciones para un ambiente favorable a la paz y a diálogos constructivos por la democracia y la justicia social."

Además Lozano expresó a Caracol Radio que "ojalá la guerrilla de las Farc cumpla con un pronunciamiento reciente para que esos compatriotas que se encuentran secuestrados puedan regresar al seno de sus hogares".

Sostuvo que en ese sentido vienen trabajando los miembros de Colombianos por la Paz y en especial la exsenadora Piedad Córdoba, que nunca renuncia a la posibilidad de un diálogo de paz.

Dijo que por eso hay que valorar la declaración de unos de los jefes mas legendarios de las Farc y ‘marquetaliano', el Sargento Pascuas, quien sostuvo que llegó el momento de un diálogo con el Gobierno.

Así mismo, sostuvo que hay que destacar la respuesta del presidente Juan Manuel Santos al pronunciamiento de ‘Pascuas' y que es importante seguir explorando todos los caminos hacia la paz porque a nadie le sirve el conflicto armado en Colombia.

Con la Participación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Fundación Red de Desarrollo y Paz y unos 500 campesinos, se aprobó la primera Zona de Reserva Campesina (ZRC) de los Montes de María, en el marco de la Primera Audiencia Pública, que se realizó en El Carmen de Bolívar.

La jornada, que estuvo llena de inquietudes y respuestas, permitió que los campesinos y representantes de organizaciones sociales aprobaran el proyecto de creación.

La subgerente de Tierras del Incoder, Jennifer Mojíca Guzmán, recalcó que el trabajo que se socializó con los campesinos está basado dentro de la fase de consolidación de la ZRC, con base a la caracterización que se levantó sobre el territorio y la población que conforma la zona.

Recalcó que esta es una propuesta del Plan de Desarrollo Sostenible, el cual está en la obligación de incorporar un manejo ambiental y una discusión de todos los actores, para definir cuáles van ser las condiciones de la zona que fue aprobada por los habitantes de este territorio.

Mojíca explicó que los municipios que hacen parte de la primera ZRC son Tolú Viejo, Colosó, Los Palmitos, Morroa, Oveja, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan y Marialabaja con unos 260 mil habitantes, que en su mayoría dependen del trabajo agrícola. Explicó que el 40% del territorio que conforman los Montes de María hacer parte de la creación de la ZRC.

Recalcó que las ZRC se convierten en la figura de desarrollo rural anclado en el territorio de las comunidades campesinas tradicionales, con el fin de fortalecer las organizaciones de campesinos y la economía, la cual está representada en la productividad y el cultivo.

Áreas protegidas

Alejandro Zamora Guzmán, representante de Casucre, dijo que estas propuestas son muy buenas para la región, en el sentido de apoyar todo el proceso de recuperación ambiental de los Montes de María.

Solicitó que dentro de los planes de desarrollo de la ZRC se deben tener en cuenta las áreas protegidas, las cuales deben ser respetadas.

Como uno de los más importantes logros en la búsqueda de acciones socioeconómicas viables para el desarrollo rural, el Incora, bajo la acción concertada de las comunidades de Morales y Arenal, creó en septiembre de 1998 la primera Zona de Reserva Campesina (ZRC) de la región.

Pues bien, luego de 13 años de ‘ires y venires' las comunidades hoy trabajan en la elaboración y actualización del plan de desarrollo sostenible que permitirá la concreción de los proyectos de desarrollo económico y social que serán ejecutados en la zona.

La labor la adelantan organizaciones como la Cooperativa Multiactiva de Arenal, Coomuarenal, y Asohonda, las cuales trabajan de la mano con el Incoder y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, PDPMM, entidades firmantes del convenio.

Es por eso que a pesar que esta zona se encuentra inundada por culpa del intenso invierno una gran parte de la población se integró a los talleres programados por el convenio.

“Tenemos nuestros cultivos arrasados por el agua. Antes comíamos el pescado con la yuquita y sembrábamos maíz, ahora solo vemos el pescado que por lo menos no nos falta. Lo demás se lo ha ido llevando el agua”, narró María una de las participantes habitante del municipio de Arenal.

Cabe destacar que en la región dos mujeres encabezan el proceso, ellas son Milena Quiroz, gerente de Coomuarenal, y Melina del Real, representante de Asohonda.

“Queremos que las cosas no queden ahí pues antes se hizo un proceso parecido y no pasó nada. La idea es que ahora si se logre lo que estamos esperando”, precisó del Real.

Por su parte, Quiroz advirtió que “la Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal es el área que nosotros habitamos y como campesinos lo más importante es la permanencia en el territorio, entre todos debemos mirar cómo mejoramos las condiciones para permanecer en él”.

Y para lograr tal objetivo profesionales en las áreas de la comunicación, infraestructura, educación, agricultura y ordenamiento territorial, se desplazaron hasta los corregimientos San Rafael, Carnizala y Buenavista del municipio de Arenal, y los corregimientos Boca de la Honda y Paredes de Ororia del municipio de Morales, para acompañar y asesorar a las comunidades en su intento de elaborar un nuevo plan de desarrollo sostenible.

El jefe del sexto frente de las FARC, Miguel Pascuas, conocido como "El sargento" o "El cucho", dijo, en un comunicado dirigido al presidente de la República, Juan Manuel Santos, que es el momento de hablar porque la paz es posible, pero advierte que sin necesidad de que los guerrilleros se entreguen de rodillas.

En el mensaje, enviado en audio a Caracol Radio, Pascuas expresa que las FARC están de acuerdo con la paz para beneficio de todos los colombianos.

Insiste en el comunicado que después de hacer un recorrido por los hechos de violencia que han enmarcado la historia de Colombia en el último siglo, no se entregarán "de rodillas" y cita para ello ejemplos como los del líder mexicano Pancho Villa, Guadalupe Salcedo y jefe del M-19 Carlos Pizarro, quienes después de deponer las armas fueron asesinados.

Miguel Pascuas asumió desde el año 1979 la jefatura del frente sexto de las FARC y es miembro fundador de la mayor guerrilla de América Latina, desde la resistencia contra el cerco de Marquetalia en 1962.

Su comunicado generó una respuesta del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien ha tenido que cambiar su retórica y ha vuelto estos días a hablar de paz y de la posibilidad de un diálogo.

A esto se suma la comunicación por parte de Colombianas y Colombianos por la paz de la confirmación por parte de las FARC de la decisión de liberar unilateralmente a seis miembros de la fuerza pública capturados en diferentes combates y que son presos de guerra, si bien todavía no se conocen sus nombres. Se espera que a mediados de enero vayan concretándose los detalles de esta entrega, un gesto de paz que se vio malogrado por la operación militar que se saldó trágicamente el pasado 26 de noviembre.